Víctor Suárez Carrera
La política neoliberal contra la agricultura campesina y la soberanía nacional ha estado sustentada en un credo cuyos principales axiomas, dogmas y supuestos se enunciarán en el presente texto. Pero antes quisiéramos dejar establecido, así sea a vuelo de pájaro, los rasgos que distinguen “el modelo” mundial en que se basan dichos presupuestos:
* Fomento a la concentración de la producción mundial de alimentos en unos cuantos países o bloques de países (Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil) y, como contraparte, promoción del desmantelamiento de las agriculturas campesinas e indígenas en el resto del mundo.
* Tal concentración no podría ser posible sin la utilización de sistemas intensivos de producción a gran escala con base en subsidios dumping; la utilización de tecnologías altamente riesgosas para la salud humana, la salud animal y el ambiente; y la externalización de los costos ambientales. Sin el uso masivo y creciente de tales prácticas, las potencias agroalimentarias no podrían imponer su hegemonía en los mercados internacionales y en la definición de las políticas agrícolas mundiales y locales.
* Dicho modelo, que bien podría denominarse imperialismo alimentario y de agricultura sin campesinos, propicia, además, una desruralización forzada, compulsiva. Se trata de acelerar el despoblamiento de los territorios rurales de México y de los demás países en vías de desarrollo para debilitar la resistencia social a la privatización y monopolización de los patrimonios campesinos y de las comunidades indígenas.
1. Si México quiere transformarse hoy en un país desarrollado, debe reducir drásticamente su población rural a no más de 5 por ciento de la población total. Así lo demuestra la evolución de los países más ricos.
2. Nuestro país no puede avanzar y superar la pobreza con una alta población rural que, además, aporta una pequeña proporción del Producto Interno Bruto.
3. La agricultura es un sector igual al resto de los sectores de la economía. Por tanto, debe ser evaluado con los mismos criterios de desempeño económico, y debe ser sometido a las mismas condiciones que la industria y los servicios. Así, la multiplicidad de funciones de la agricultura y la gestión del territorio rural se reduce a una sola de ellas.
4. La agricultura, la alimentación y el territorio rural no son más que simples mercancías, sujetas a las leyes del valor y a los equilibrios de la oferta y la demanda.
5. En una economía globalizada y sujeta a procesos de integración de bloques económicos regionales, la agricultura mexicana tiene que reorganizarse en función del principio de las ventajas comparativas. Esto significa que México debe dejar de producir granos básicos, oleaginosas, lácteos y productos cárnicos para importarlos más baratos de Estados Unidos y Canadá; y debe a la vez reorientar el conjunto de sus agriculturas a la producción de hortalizas, flores y frutas tropicales.
6. En la globalización e integración de bloques económicos regionales, la única forma de que las economías y las agriculturas sean viables y competitivas es que se desarrollen a gran escala. Para competir con la agricultura de Estados Unidos, que tiene un promedio de 176.5 hectáreas por granjero, México necesita acabar con el minifundismo (3.5 hectáreas por campesino) y acelerar el surgimiento de un fuerte sector de grandes propietarios y rentistas rurales. Consecuentemente, la inversión y los subsidios públicos deben tener un destinatario inequívoco: los grandes agricultores. ¿Cuál es el sentido de invertir recursos productivos en un sector inviable y que va de salida?
7. El culto a las grandes escalas significa expulsar de sus territorios y de la agricultura a los 5 millones de minifundistas y sus familias. Lo anterior, sin considerar que las escalas pequeñas y medianas de producción han demostrado mayor eficiencia y viabilidad —económica, social, ambiental y política— en países tales como los de la Unión Europea (cuya superficie promedio por campesino es de 18.7 hectáreas), Japón (con 3.1 hectáreas por campesino) y China (con 0.3 hectáreas por campesino).
8. Un principio que subyace en la concepción neoliberal de la agricultura es que los campesinos representan una herencia del pasado y un pesado fardo que el país debe sacudirse si es que quiere progresar.
9. La agricultura y los patrimonios territoriales de campesinos se consideran recursos en manos muertas, activos improductivos y, más aún, recursos sujetos a la aniquilación por parte de los rústicos ecocidas. Por tanto, es un imperativo categórico trasladar el dominio de dichos recursos a manos privadas y de preferencia a grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.
10. Se trata, en consecuencia, de promover la privatización total de la agricultura y la alimentación, incluidos los conocimientos y los recursos genéticos
La política neoliberal contra la agricultura campesina y la soberanía nacional ha estado sustentada en un credo cuyos principales axiomas, dogmas y supuestos se enunciarán en el presente texto. Pero antes quisiéramos dejar establecido, así sea a vuelo de pájaro, los rasgos que distinguen “el modelo” mundial en que se basan dichos presupuestos:
* Fomento a la concentración de la producción mundial de alimentos en unos cuantos países o bloques de países (Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil) y, como contraparte, promoción del desmantelamiento de las agriculturas campesinas e indígenas en el resto del mundo.
* Tal concentración no podría ser posible sin la utilización de sistemas intensivos de producción a gran escala con base en subsidios dumping; la utilización de tecnologías altamente riesgosas para la salud humana, la salud animal y el ambiente; y la externalización de los costos ambientales. Sin el uso masivo y creciente de tales prácticas, las potencias agroalimentarias no podrían imponer su hegemonía en los mercados internacionales y en la definición de las políticas agrícolas mundiales y locales.
* Dicho modelo, que bien podría denominarse imperialismo alimentario y de agricultura sin campesinos, propicia, además, una desruralización forzada, compulsiva. Se trata de acelerar el despoblamiento de los territorios rurales de México y de los demás países en vías de desarrollo para debilitar la resistencia social a la privatización y monopolización de los patrimonios campesinos y de las comunidades indígenas.
1. Si México quiere transformarse hoy en un país desarrollado, debe reducir drásticamente su población rural a no más de 5 por ciento de la población total. Así lo demuestra la evolución de los países más ricos.
2. Nuestro país no puede avanzar y superar la pobreza con una alta población rural que, además, aporta una pequeña proporción del Producto Interno Bruto.
3. La agricultura es un sector igual al resto de los sectores de la economía. Por tanto, debe ser evaluado con los mismos criterios de desempeño económico, y debe ser sometido a las mismas condiciones que la industria y los servicios. Así, la multiplicidad de funciones de la agricultura y la gestión del territorio rural se reduce a una sola de ellas.
4. La agricultura, la alimentación y el territorio rural no son más que simples mercancías, sujetas a las leyes del valor y a los equilibrios de la oferta y la demanda.
5. En una economía globalizada y sujeta a procesos de integración de bloques económicos regionales, la agricultura mexicana tiene que reorganizarse en función del principio de las ventajas comparativas. Esto significa que México debe dejar de producir granos básicos, oleaginosas, lácteos y productos cárnicos para importarlos más baratos de Estados Unidos y Canadá; y debe a la vez reorientar el conjunto de sus agriculturas a la producción de hortalizas, flores y frutas tropicales.
6. En la globalización e integración de bloques económicos regionales, la única forma de que las economías y las agriculturas sean viables y competitivas es que se desarrollen a gran escala. Para competir con la agricultura de Estados Unidos, que tiene un promedio de 176.5 hectáreas por granjero, México necesita acabar con el minifundismo (3.5 hectáreas por campesino) y acelerar el surgimiento de un fuerte sector de grandes propietarios y rentistas rurales. Consecuentemente, la inversión y los subsidios públicos deben tener un destinatario inequívoco: los grandes agricultores. ¿Cuál es el sentido de invertir recursos productivos en un sector inviable y que va de salida?
7. El culto a las grandes escalas significa expulsar de sus territorios y de la agricultura a los 5 millones de minifundistas y sus familias. Lo anterior, sin considerar que las escalas pequeñas y medianas de producción han demostrado mayor eficiencia y viabilidad —económica, social, ambiental y política— en países tales como los de la Unión Europea (cuya superficie promedio por campesino es de 18.7 hectáreas), Japón (con 3.1 hectáreas por campesino) y China (con 0.3 hectáreas por campesino).
8. Un principio que subyace en la concepción neoliberal de la agricultura es que los campesinos representan una herencia del pasado y un pesado fardo que el país debe sacudirse si es que quiere progresar.
9. La agricultura y los patrimonios territoriales de campesinos se consideran recursos en manos muertas, activos improductivos y, más aún, recursos sujetos a la aniquilación por parte de los rústicos ecocidas. Por tanto, es un imperativo categórico trasladar el dominio de dichos recursos a manos privadas y de preferencia a grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.
10. Se trata, en consecuencia, de promover la privatización total de la agricultura y la alimentación, incluidos los conocimientos y los recursos genéticos
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