Lourdes Bueno
En el transcurso del siglo xx nuestro país [pasó de ser] una sociedad mayoritariamente analfabeta a otra en la que prácticamente uno de cada tres mexicanos estaba en la escuela. Al término del periodo revolucionario […] el promedio de escolaridad de la población era de sólo un año y la tasa de analfabetismo superaba el 65 por ciento. El siglo terminó con una proporción de analfabetas menor a 10 por ciento […] El siglo XX pasará a la historia como una época de expansión educativa sin precedente.
Programa Nacional de Educación
2001-2006
La educación modela el perfil social que sostiene todo colectivo nacional. Es la plataforma base para abrir posibilidades a la satisfacción de necesidades de diversa índole, contribuyendo así a la orientación del rumbo que la Nación pretende tener. Y es en el sistema escolar donde ese modelo opera y modela el perfil del ciudadano. Pero si la escuela es la reproductora del modelo, la educación debe alimentarse de los cambios sociales que se encuentren en curso. Es en este círculo que se crea una función, para la escuela, que es generadora y multiplicadora, con capacidades que ninguna otra institución puede llegar a tener.
Por ello, fortalecer la educación significa fortalecer el modelo social que la Nación requiere. Mas he allí que nuestro específico drama nacional nos presenta una circunstancia significativamente diferente, a saber, que las últimas cinco administraciones sexenales han generado el decaimiento vertical de nuestro sistema educativo. Es en torno a este punto que quisiéramos bordar en el presente artículo, con la idea de aportar nuestro granito de arena a la discusión a la que nos convocan los nuevos tiempos de cambio.
¿Educación con creciente pobreza?
La ONU define la pobreza como la situación en que vive una persona que dispone de menos de 400 dólares al año, es decir, que vive con poco más de un dólar al día. Bajo este criterio, entre 2006 y 2008 el porcentaje de pobres alimentarios en México creció de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, y el porcentaje de pobres patrimoniales de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento (lo que hace un total de 50.6 millones de mexicanos, de acuerdo con los datos que ofrece el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Y, en materia de escuelas, el panorama también es polarizado, puesto que ricos y pobres viven en mundos diferentes: el 92 por ciento del 20 por ciento más rico termina el colegio, frente a apenas un 17 por ciento del 40 más pobre. Enríquez Rosas refuerza lo anterior con una expresión más acuciosa del fenómeno:
Las manifestaciones actuales de la pobreza urbana extrema en México van mucho más allá de la ausencia de servicios, la escasez de empleo, la falta de infraestructura y la exclusión de la seguridad y protección social. Se trata de un asunto que atenta […] contra la posibilidad de alimentarse mínimamente. La realidad del hambre no es hoy en día un tema ajeno a la vida de muchos hogares en extrema pobreza en las ciudades [...] Las estrategias domésticas para el acceso y el consumo de alimentos han presentado modificaciones alarmantes en los últimos años. Entender los estragos de la pobreza urbana extrema significa reconocer la posición de muchas familias mexicanas en el primer peldaño de la subsistencia: el acceso al alimento.
Esta definición hace una división de la pobreza en dos grupos: el primero es el que corresponde a familias que, dada su condición de pobreza, todo lo que hagan por salir de ella estará destinado al fracaso. El segundo es el que todavía puede, aunque con mucho esfuerzo, hacer algo por cambiar su condición de pobreza:
En el primer grupo se encuentra el discurso de la desesperanza y la impotencia acumulada por años y los múltiples esfuerzos sin respuesta. Este grupo se asemeja a los que R. Kaztman y C. Filgueira denominan vulnerables a la marginalidad. Familias que han vivido un deterioro agudo y sostenido en sus posibilidades materiales y sociales para hacer frente a la pobreza. Su discurso surge [...] a partir de una sensación de carencia de control sobre las demandas y los requerimientos de la vida diaria. En el segundo grupo encontramos respuestas que concentran una posición similar a la que los mismos autores llaman los vulnerables a la pobreza. Se trata de familias que han apostado su posibilidad de sobrevivencia a la conservación del empleo y en la oportunidad de inversión en capital humano para un mayor bienestar en las generaciones posteriores.
Un fenómeno interesante por su repercusión social, que ha surgido en años muy recientes como resultado del desempleo creciente en el país, es lo que Enríquez Rosas llama los nuevos pobres (antes pobres, ahora con pobreza extrema) y los empobrecidos (antes sectores medios, hoy pobres). Sobre los primeros, de acuerdo con la autora, cabe decir que el hambre es para ellos un común denominador; y que sin embargo aún tienen la expectativa de acceder al sistema educativo para lograr alguna mejora económica y por ende cierta movilidad social. Pero el caso es que el sistema actual ya no los considera en una lógica de integración, y que no les ofrece entonces los apoyos necesarios para su permanencia dentro del sistema educativo.
El sector de empobrecidos tiene sin duda mejores condiciones que el grupo de los nuevos pobres, pero en las actuales condiciones tampoco tienen cabida dentro del sistema educativo y se encuentran excluidos del mercado laboral.
Pretender, entonces, que México está a la altura de los países de la OCDE, es desconocer la realidad y seguir asumiendo la visión ilusoria generada en los años ochentas del siglo pasado.
Resulta un dato importante saber que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que: “la educación por sí sola es el mecanismo más efectivo para revertir los efectos de la pobreza”. Y que en los referidos cálculos México reduciría su pobreza extrema en un 18 por ciento si su población terminara la educación primaria, y bajaría hasta un 30 por ciento si su población concluyera la secundaria. Pero en México pareciera, como lo demuestran las propias cifras oficiales, que se trabaja en sentido contrario.
La caída del sistema educativo
Para alcanzar una máxima precisión en los datos, se requiere fijar la atención en la permanencia, más que en el ingreso, pues con éste último se presume frente a organismos internacionales que contamos con una buena salud en niveles de escolaridad, ocultando el hecho, grave, de que no tenemos buenas cifras en términos de asistencia y eficiencia terminal. (Por ello el PNUD ya no toma las cifras de matrícula como parámetro para los índices de desarrollo humano, sino que hoy pide a México el número de estudiantes que asisten y, desde luego, el de egreso).
El Informe Panorama de la educación 2008, de la OCDE, indica que México se encuentra en el último sitio de los países miembros respecto a egreso de secundaria, ya que sólo 41 por ciento de los inscritos en ese nivel educativo concluye sus estudios (a pesar de que, como decíamos, en la matrícula el sistema ofrece cifras alegres). Además, se tiene una de las tasas más bajas de cobertura educativa entre los jóvenes de 15 a 19 años, puesto que el 45 por ciento de ellos no asiste a la escuela. Y sólo 39 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años ha concluido su preparatoria, lo que hace que México se ubique en el penúltimo lugar en la misma lista de países de la OCDE.
(Pero empecemos por decir las cosas claras: cuando se dice que “México” ocupa algún “último” o “penúltimo” lugar en las listas de registro internacional, en este caso en educación, debiera entenderse que quien ocupa esos desastrosos lugares es la administración gubernamental en turno. Administración, ésta y las últimas cuatro, que son quienes han puesto a México y a los mexicanos en tales niveles, dejando de lado su compromiso social para con la Nación).
Respecto a las tasas de inscripción para los jóvenes de entre 15 y 19 años, el país sólo alcanza 48.8 por ciento, mientras la media de los miembros del organismo es de 81.5 por ciento; lo que ubica a esta administración gubernamental en el penúltimo lugar de la lista de 30 naciones. En este grupo poblacional sólo el 62 por ciento cuenta con empleo, y el 38 por ciento restante ni estudia ni trabaja. Respecto del nivel universitario, el informe de la OCDE señala que una proporción importante de estudiantes no concluye sus programas educativos, pues sólo el 61 por ciento de los que ingresan logran terminar.
Basándonos en la misma fuente, sabemos que los recursos destinados por el gobierno mexicano en cuanto a gasto por alumno están en el último sitio, con una inversión promedio de 2 mil 405 dólares al año, frente a una media de 7 mil 527 de los estados integrantes de la OCDE. Y desglosado se tiene que el gasto promedio por alumno de primaria apenas alcanza 913 dólares anuales, lo que representa una tercera parte del promedio general de las naciones miembros del organismo (que tienen 6 mil 252 dólares). En secundaria se destinan sólo mil 838 por estudiante, en contraste con los 7 mil 437 que en promedio invierte el resto de los estados miembros.
A pesar de que en bachillerato el gasto en México se incrementó a 2 mil 853 dólares por estudiante, las naciones integrantes de la OCDE destinan 8 mil 366 dólares. En el nivel universitario la erogación de esta administración sexenal en México por estudiante es de 6 mil 402 dólares, cuando el nivel promedio del organismo es mayor a 11 mil 512 dólares.
Es por ello que el rector de la UNAM, José Narro, lamentó, en la reunión de San Lorenzo del Escorial, ante el claustro de la Universidad Complutense de Madrid, este pasado mes de julio, “que el país tenga un presupuesto de educación del 0.67 por ciento del Producto Interno Bruto”, y agregó: “América Latina tiene que hacer un esfuerzo —y México indispensablemente— por comprometerse en esta década de 2010 a 2020 para lograr duplicar el presupuesto a la educación”.
Con esta realidad, la OCDE alerta que México mantiene uno de los “más grandes déficit” entre el gasto por alumno de primaria y el nivel universitario, pues este último triplica la inversión destinada al gasto por estudiante de enseñanza básica.
Relación ingreso-educación
Si hacemos un cuadro comparativo respecto a la asistencia escolar en México por quintiles de ingreso —siendo el 1 el quintil de más bajo ingreso y el 5 el de más alto ingreso—, la resultante es muy reveladora (ver cuadro).
De este cuadro, presentado por la CEPAL, se desprende que la diferencia educativa tiene una relación directa con el ingreso familiar de cada estudiante, siendo la inequidad distributiva el primer escollo que la población encuentra en su búsqueda por lograr la igualdad de oportunidades. Así, a pesar de los malabares estadísticos, no puede haber desarrollo en un país donde en estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero se necesita tener 200 niños inscritos en la primaria para que dos décadas después se pueda tener un solo profesionista.
Por tanto, no es lo mismo plantear políticas educativas para países con un desarrollo incluyente y con lustros de avance en materia de equidad social y económica que para un país escindido y con mayorías empobrecidas como México.
Si la población mexicana atraviesa por condiciones socioeconómicas tan difíciles y complejas como las descritas, el sistema de educación tiene la obligación de ofrecer los mecanismos necesarios para que los estudiantes de todos niveles puedan lograr la permanencia y, desde luego, la conclusión de su proceso formativo. Pero dadas las actuales políticas educativas, lo que se reporta son las cada vez más altas tasas de deserción.
La deserción: disfraz de una expulsión
Cuando los educadores, analistas y evaluadores de la educación hablan de tasas de deserción, ponen el énfasis en que es el estudiante quien asume la decisión de abandonar, es decir, que él es quien deserta. No obstante, lo que se hace con este uso del concepto deserción es más bien un juego de significados que encubren la irresponsabilidad del Estado en el diseño e instrumentación de políticas para la permanencia.
Porque lo que la oficialidad llama deserción es un concepto que los educadores hemos tomado sin cavilar sobre lo que la palabra implica: una carga culposa para el sujeto, en este caso para el estudiante, quien se enfrenta a un sistema que los expulsa sin ofrecerle alternativas educativas viables para continuar sus estudios. Se trata pues de una decisión presionada que responde en la realidad a mecanismos de expulsión, si bien disfrazada.
Por lo que debería modificarse el término y llamarlo por su nombre: tasas de expulsión. Porque, regresando a nuestro razonamiento, ¿se puede llamar desertor al estudiante menor de edad que no encuentra respuestas ni apoyo de un sistema inoperante? Para contestar a esta interrogante, recurrimos a Goicovic:
El término deserción –tomado del lenguaje militar y que denota el acto voluntario de dejar un determinado lugar o institución– no sería adecuado, pues lo que se trata de describir son actos de retiro escolar transitorios o prolongados en el tiempo, provocados por situaciones que se desencadenan mayoritariamente en el interior del sistema escolar, aunque sus causas son variadas y combinan factores de tipo social, familiar, escolar, individual, y otros.
Así, lo que se hace cuando se repite el concepto “tasas de deserción” es ser partícipes del engaño que ha favorecido al sistema educativo, en procesos que, como hemos dicho, expulsa a los estudiantes al abandonar su deber de impartir educación preescolar, primaria y secundaria a todos los niveles.
Otro de los problemas que el sistema educativo enfrenta es la ausencia de calidad del sistema educativo en la visualización del todo y de la población toda. Muñoz Izquierdo y Ulloa lo explica de la siguiente forma:
Lo que existe actualmente son currículos diseñados de acuerdo con las características culturales y las necesidades sociales de los países dominantes, de los países desarrollados y […] por tanto, no son relevantes, menos significativos para los países dependientes que presentan distintas características culturales.
Esto es patente en las distintas reformas educativas que se han realizado al margen de los maestros, los que, en resistencia pasiva dentro de su aula, interfieren el proceso de cambio impuesto, aun cuando algunas de las propuestas pudieran ser beneficiosas.
Además, y siguiendo a Muñoz Izquierdo, muchos de los expertos que elaboran los currículos en los países latinoamericanos provienen por lo general de clases sociales diferentes a las de la población mayoritaria, siendo en muchas ocasiones profesionistas con una formación en el extranjero que los ha alejado de las necesidades de los sectores populares de la población, aun de la realidad nacional.
Así, lo que hoy se hace desde las políticas educativas ha sido escindir la cohesión social y fragmentar a la población a través del otorgamiento de bienes educativos parciales —becas para algunos grupos privilegiados—, con el detrimento de los grupos mayoritarios.
Se hace imperativo, por tanto, la presencia de un esquema de equidad en el sistema educativo, en al menos los siguientes rubros: a) En el monto del recurso que la Federación asigna a la educación; b) En el modo como son distribuidos los referidos recursos, de acuerdo a las condiciones geográficas, sociales, culturales y económicas de cada sector o clase de la sociedad mexicana; y c) En las políticas y estrategias que permitan que la educación —del nivel básico, medio superior y superior— contribuya a reducir las desigualdades sociales (por lo que las políticas y estrategias para la permanencia son fundamentales). Y siguiendo este razonamiento Molina identifica los siguientes aspectos de equidad, a través de:
- Igualdad de servicios básicos ofrecidos y de oportunidades de acceso a recursos educativos;
- Igualdad de condiciones educativas para los funcionamientos y capacidades esperables para el área, correspondientes a los distintos grupos y actores sociales (por ejemplo, condiciones salariales que permitan a los docentes adquirir medios de actualización y capacitación permanentes; una calidad igual de prestaciones tal que todos puedan aprender, investigar, innovar, argumentar);
- Igualdad en trato y posibilidades de participación en los ámbitos institucionales socialmente valiosos (por ejemplo: la existencia de procedimientos que garanticen la imparcialidad e igualdad de criterios para la evaluación anual docente, o la transparencia en la promoción y control de gestión de quienes conduzcan los proyectos escolares, como lugar accesible a todos);
- Igualdad en la contribución, en tanto es necesario contrarrestar con mecanismos de distribución desigual de recursos las particularidades y los casos de sectores de población situados en condiciones desfavorables por circunstancias personales especiales o sociales, económicas o culturales restrictivas o en conflicto.
Diletantismo educativo del sistema
En el panorama de las cifras mencionadas, así como de términos y conceptos en boga, en este creciente río revuelto, las autoridades pescan triunfos aislados para transferir los fracasos a la sociedad, realizando un diletantismo educativo. Si se dice que México está en el último lugar en materia educativa, la población asume el fracaso como propio; a los maestros se les culpa, por supuesto, y la administración y el sistema educativo mismo quedan fuera de la evaluación (fuera por lo tanto de la calificación reprobatoria). Pero también ocurre lo contrario, a saber, que las administraciones sexenales se apropien de los éxitos de pequeños grupos, aun de individuos que, rompiendo todas las barreras del sistema, hayan alcanzado alguna específica meta. Entonces la administración en turno lo reconoce para colgarse la medalla y salir avante, otra vez, evitando la evaluación.
Es en este contexto que las autoridades presentan los resultados negativos de la educación como parte de un problema originado por los estudiantes, por sus familias, o por lo que el sistema llama la incapacidad de los maestros.
Efectos del abandono social del Estado
La CEPAL, preocupada por esta situación existente, ha realizado un importante estudio sobre deserción-expulsión escolar y desigualdades socioeconómicas, donde se presentan los negativos resultados de la baja inversión del Estado en la educación, ausencias de infraestructura para el desarrollo de la población, niños y adolescentes. Porque una vez que los niños y/o adolescentes y jóvenes son expulsados del sistema educativo, lo que ha sido generado es:
Abandono social y familiar; pobre información de métodos de contracepción y de protección; actividad sexual a muy temprana edad; abortos; problemas de salud relacionados y alta mortalidad; embarazos tempranos; riesgos y problemas de salud por embarazos tempranos; altos índices de mortalidad y morbilidad materno-infantil; altos costos en atención médica de problemas agravados; abandono de recién nacidos; madres solteras; maltrato de las mujeres y de los infantes; violencia sexual para ambos sexos; abuso sexual: incesto; discriminación de género;
pobre autoestima de las adolescentes; trabajo de menores; explotación sexual y tráfico sexual de menores de ambos sexos; pobres oportunidades de empleo y más bajos salarios; ausentismo laboral y baja productividad; escasas posibilidades de creación de fuentes de trabajo; marginación del sistema económico y social; proclividad al uso de drogas; depresiones recurrentes y cada vez más profundas;
escasa posibilidad de construir relaciones emocionales estables; alta criminalidad y pobre orden social; agresividad social, familiar y personal; ausencia de oportunidades de participación y de expresión; ausencia de tolerancia social y política; exclusión social, económica y política; asociación por parte del estado, de la juventud como “origen” de inestabilidad social; libertad de elección acotada; reducida libertad de movimiento; ausencia de los mecanismos para salir de la pobreza.
Y todo empezó con la expulsión
del sistema educativo...
Al final, lo que queda es el aumento de la delincuencia y un ambiente de inseguridad creciente, no por la participación de los jóvenes sino precisamente por su exclusión. Exclusión que llega incluso a marginación de la libertad. Y en este punto valdría la pena preguntarse: si la libertad es un valor que el sistema económico actual privilegia sobre la equidad y es el que ofrece como “su aporte” fundamental, ¿qué sucede cuando cada vez más personas han sido privadas precisamente de esa libertad, por los efectos de este sistema económico respecto a la equidad?
Y la CEPAL, preocupada y ocupada por ofrecer la información que permita un cambio para mejorar la equidad y la calidad de la educación, en un excelente trabajo indica:
Uno de los principales desafíos para avanzar decididamente hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y el cumplimiento de las Metas al año 2015, es evitar que los niños abandonen la escuela antes del término del ciclo básico y disminuir significativamente la deserción en el ciclo medio. En efecto, una proporción muy elevada de los niños, niñas y adolescentes abandonan tempranamente el sistema escolar, sin alcanzar los niveles mínimos de conocimientos y destrezas requeridos para integrarse a la sociedad, incumpliéndose respecto de ellos los derechos a la educación básica consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes.
Por todo lo dicho en los párrafos anteriores, la calidad-equidad de la educación debe ser medible con relación a las necesidades del individuo y de la comunidad para su desarrollo integral. Y mientras las condiciones de vida individuales y sociales no mejoren como resultado del trabajo del sistema educativo, habrá que poner en tela de juicio la calidad y la equidad de las políticas educativas actuales.
A manera de conclusión
Las últimas cinco administraciones sexenales tienen a México más cerca de la ignorancia que del desarrollo; más cerca de la indigencia que del crecimiento; más
cerca de la manipulación que de la libertad y de la democracia. Porque para construir democracia y libertad hace falta que el ciudadano esté enterado, analice, evalúe y opine. Y todo esto no se logra cuando los votantes difícilmente saben leer, cuando las instituciones de educación no han creado las vías para que todos los ciudadanos —no sólo grupos privilegiados— puedan expresarse más allá de las urnas.
Entonces el reto de la Secretaría de Educación se extiende y profundiza. El reto de la presente y la siguiente administración sexenal es combatir la ignorancia y ofrecerle a los mexicanos no pequeñas islas de beneficios —como becas a manera de lotería gubernamental—, sino una plataforma social amplia y sólida. A menos que eso no sea de su interés para apuntalar su interés, es decir, a menos que se trate precisamente de no dar el poder de la educación a la población.
En el transcurso del siglo xx nuestro país [pasó de ser] una sociedad mayoritariamente analfabeta a otra en la que prácticamente uno de cada tres mexicanos estaba en la escuela. Al término del periodo revolucionario […] el promedio de escolaridad de la población era de sólo un año y la tasa de analfabetismo superaba el 65 por ciento. El siglo terminó con una proporción de analfabetas menor a 10 por ciento […] El siglo XX pasará a la historia como una época de expansión educativa sin precedente.
Programa Nacional de Educación
2001-2006
La educación modela el perfil social que sostiene todo colectivo nacional. Es la plataforma base para abrir posibilidades a la satisfacción de necesidades de diversa índole, contribuyendo así a la orientación del rumbo que la Nación pretende tener. Y es en el sistema escolar donde ese modelo opera y modela el perfil del ciudadano. Pero si la escuela es la reproductora del modelo, la educación debe alimentarse de los cambios sociales que se encuentren en curso. Es en este círculo que se crea una función, para la escuela, que es generadora y multiplicadora, con capacidades que ninguna otra institución puede llegar a tener.
Por ello, fortalecer la educación significa fortalecer el modelo social que la Nación requiere. Mas he allí que nuestro específico drama nacional nos presenta una circunstancia significativamente diferente, a saber, que las últimas cinco administraciones sexenales han generado el decaimiento vertical de nuestro sistema educativo. Es en torno a este punto que quisiéramos bordar en el presente artículo, con la idea de aportar nuestro granito de arena a la discusión a la que nos convocan los nuevos tiempos de cambio.
¿Educación con creciente pobreza?
La ONU define la pobreza como la situación en que vive una persona que dispone de menos de 400 dólares al año, es decir, que vive con poco más de un dólar al día. Bajo este criterio, entre 2006 y 2008 el porcentaje de pobres alimentarios en México creció de 13.8 por ciento a 18.2 por ciento, y el porcentaje de pobres patrimoniales de 42.6 por ciento a 47.4 por ciento (lo que hace un total de 50.6 millones de mexicanos, de acuerdo con los datos que ofrece el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social). Y, en materia de escuelas, el panorama también es polarizado, puesto que ricos y pobres viven en mundos diferentes: el 92 por ciento del 20 por ciento más rico termina el colegio, frente a apenas un 17 por ciento del 40 más pobre. Enríquez Rosas refuerza lo anterior con una expresión más acuciosa del fenómeno:
Las manifestaciones actuales de la pobreza urbana extrema en México van mucho más allá de la ausencia de servicios, la escasez de empleo, la falta de infraestructura y la exclusión de la seguridad y protección social. Se trata de un asunto que atenta […] contra la posibilidad de alimentarse mínimamente. La realidad del hambre no es hoy en día un tema ajeno a la vida de muchos hogares en extrema pobreza en las ciudades [...] Las estrategias domésticas para el acceso y el consumo de alimentos han presentado modificaciones alarmantes en los últimos años. Entender los estragos de la pobreza urbana extrema significa reconocer la posición de muchas familias mexicanas en el primer peldaño de la subsistencia: el acceso al alimento.
Esta definición hace una división de la pobreza en dos grupos: el primero es el que corresponde a familias que, dada su condición de pobreza, todo lo que hagan por salir de ella estará destinado al fracaso. El segundo es el que todavía puede, aunque con mucho esfuerzo, hacer algo por cambiar su condición de pobreza:
En el primer grupo se encuentra el discurso de la desesperanza y la impotencia acumulada por años y los múltiples esfuerzos sin respuesta. Este grupo se asemeja a los que R. Kaztman y C. Filgueira denominan vulnerables a la marginalidad. Familias que han vivido un deterioro agudo y sostenido en sus posibilidades materiales y sociales para hacer frente a la pobreza. Su discurso surge [...] a partir de una sensación de carencia de control sobre las demandas y los requerimientos de la vida diaria. En el segundo grupo encontramos respuestas que concentran una posición similar a la que los mismos autores llaman los vulnerables a la pobreza. Se trata de familias que han apostado su posibilidad de sobrevivencia a la conservación del empleo y en la oportunidad de inversión en capital humano para un mayor bienestar en las generaciones posteriores.
Un fenómeno interesante por su repercusión social, que ha surgido en años muy recientes como resultado del desempleo creciente en el país, es lo que Enríquez Rosas llama los nuevos pobres (antes pobres, ahora con pobreza extrema) y los empobrecidos (antes sectores medios, hoy pobres). Sobre los primeros, de acuerdo con la autora, cabe decir que el hambre es para ellos un común denominador; y que sin embargo aún tienen la expectativa de acceder al sistema educativo para lograr alguna mejora económica y por ende cierta movilidad social. Pero el caso es que el sistema actual ya no los considera en una lógica de integración, y que no les ofrece entonces los apoyos necesarios para su permanencia dentro del sistema educativo.
El sector de empobrecidos tiene sin duda mejores condiciones que el grupo de los nuevos pobres, pero en las actuales condiciones tampoco tienen cabida dentro del sistema educativo y se encuentran excluidos del mercado laboral.
Pretender, entonces, que México está a la altura de los países de la OCDE, es desconocer la realidad y seguir asumiendo la visión ilusoria generada en los años ochentas del siglo pasado.
Resulta un dato importante saber que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que: “la educación por sí sola es el mecanismo más efectivo para revertir los efectos de la pobreza”. Y que en los referidos cálculos México reduciría su pobreza extrema en un 18 por ciento si su población terminara la educación primaria, y bajaría hasta un 30 por ciento si su población concluyera la secundaria. Pero en México pareciera, como lo demuestran las propias cifras oficiales, que se trabaja en sentido contrario.
La caída del sistema educativo
Para alcanzar una máxima precisión en los datos, se requiere fijar la atención en la permanencia, más que en el ingreso, pues con éste último se presume frente a organismos internacionales que contamos con una buena salud en niveles de escolaridad, ocultando el hecho, grave, de que no tenemos buenas cifras en términos de asistencia y eficiencia terminal. (Por ello el PNUD ya no toma las cifras de matrícula como parámetro para los índices de desarrollo humano, sino que hoy pide a México el número de estudiantes que asisten y, desde luego, el de egreso).
El Informe Panorama de la educación 2008, de la OCDE, indica que México se encuentra en el último sitio de los países miembros respecto a egreso de secundaria, ya que sólo 41 por ciento de los inscritos en ese nivel educativo concluye sus estudios (a pesar de que, como decíamos, en la matrícula el sistema ofrece cifras alegres). Además, se tiene una de las tasas más bajas de cobertura educativa entre los jóvenes de 15 a 19 años, puesto que el 45 por ciento de ellos no asiste a la escuela. Y sólo 39 por ciento de los mexicanos entre 25 y 34 años ha concluido su preparatoria, lo que hace que México se ubique en el penúltimo lugar en la misma lista de países de la OCDE.
(Pero empecemos por decir las cosas claras: cuando se dice que “México” ocupa algún “último” o “penúltimo” lugar en las listas de registro internacional, en este caso en educación, debiera entenderse que quien ocupa esos desastrosos lugares es la administración gubernamental en turno. Administración, ésta y las últimas cuatro, que son quienes han puesto a México y a los mexicanos en tales niveles, dejando de lado su compromiso social para con la Nación).
Respecto a las tasas de inscripción para los jóvenes de entre 15 y 19 años, el país sólo alcanza 48.8 por ciento, mientras la media de los miembros del organismo es de 81.5 por ciento; lo que ubica a esta administración gubernamental en el penúltimo lugar de la lista de 30 naciones. En este grupo poblacional sólo el 62 por ciento cuenta con empleo, y el 38 por ciento restante ni estudia ni trabaja. Respecto del nivel universitario, el informe de la OCDE señala que una proporción importante de estudiantes no concluye sus programas educativos, pues sólo el 61 por ciento de los que ingresan logran terminar.
Basándonos en la misma fuente, sabemos que los recursos destinados por el gobierno mexicano en cuanto a gasto por alumno están en el último sitio, con una inversión promedio de 2 mil 405 dólares al año, frente a una media de 7 mil 527 de los estados integrantes de la OCDE. Y desglosado se tiene que el gasto promedio por alumno de primaria apenas alcanza 913 dólares anuales, lo que representa una tercera parte del promedio general de las naciones miembros del organismo (que tienen 6 mil 252 dólares). En secundaria se destinan sólo mil 838 por estudiante, en contraste con los 7 mil 437 que en promedio invierte el resto de los estados miembros.
A pesar de que en bachillerato el gasto en México se incrementó a 2 mil 853 dólares por estudiante, las naciones integrantes de la OCDE destinan 8 mil 366 dólares. En el nivel universitario la erogación de esta administración sexenal en México por estudiante es de 6 mil 402 dólares, cuando el nivel promedio del organismo es mayor a 11 mil 512 dólares.
Es por ello que el rector de la UNAM, José Narro, lamentó, en la reunión de San Lorenzo del Escorial, ante el claustro de la Universidad Complutense de Madrid, este pasado mes de julio, “que el país tenga un presupuesto de educación del 0.67 por ciento del Producto Interno Bruto”, y agregó: “América Latina tiene que hacer un esfuerzo —y México indispensablemente— por comprometerse en esta década de 2010 a 2020 para lograr duplicar el presupuesto a la educación”.
Con esta realidad, la OCDE alerta que México mantiene uno de los “más grandes déficit” entre el gasto por alumno de primaria y el nivel universitario, pues este último triplica la inversión destinada al gasto por estudiante de enseñanza básica.
Relación ingreso-educación
Si hacemos un cuadro comparativo respecto a la asistencia escolar en México por quintiles de ingreso —siendo el 1 el quintil de más bajo ingreso y el 5 el de más alto ingreso—, la resultante es muy reveladora (ver cuadro).
De este cuadro, presentado por la CEPAL, se desprende que la diferencia educativa tiene una relación directa con el ingreso familiar de cada estudiante, siendo la inequidad distributiva el primer escollo que la población encuentra en su búsqueda por lograr la igualdad de oportunidades. Así, a pesar de los malabares estadísticos, no puede haber desarrollo en un país donde en estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero se necesita tener 200 niños inscritos en la primaria para que dos décadas después se pueda tener un solo profesionista.
Por tanto, no es lo mismo plantear políticas educativas para países con un desarrollo incluyente y con lustros de avance en materia de equidad social y económica que para un país escindido y con mayorías empobrecidas como México.
Si la población mexicana atraviesa por condiciones socioeconómicas tan difíciles y complejas como las descritas, el sistema de educación tiene la obligación de ofrecer los mecanismos necesarios para que los estudiantes de todos niveles puedan lograr la permanencia y, desde luego, la conclusión de su proceso formativo. Pero dadas las actuales políticas educativas, lo que se reporta son las cada vez más altas tasas de deserción.
La deserción: disfraz de una expulsión
Cuando los educadores, analistas y evaluadores de la educación hablan de tasas de deserción, ponen el énfasis en que es el estudiante quien asume la decisión de abandonar, es decir, que él es quien deserta. No obstante, lo que se hace con este uso del concepto deserción es más bien un juego de significados que encubren la irresponsabilidad del Estado en el diseño e instrumentación de políticas para la permanencia.
Porque lo que la oficialidad llama deserción es un concepto que los educadores hemos tomado sin cavilar sobre lo que la palabra implica: una carga culposa para el sujeto, en este caso para el estudiante, quien se enfrenta a un sistema que los expulsa sin ofrecerle alternativas educativas viables para continuar sus estudios. Se trata pues de una decisión presionada que responde en la realidad a mecanismos de expulsión, si bien disfrazada.
Por lo que debería modificarse el término y llamarlo por su nombre: tasas de expulsión. Porque, regresando a nuestro razonamiento, ¿se puede llamar desertor al estudiante menor de edad que no encuentra respuestas ni apoyo de un sistema inoperante? Para contestar a esta interrogante, recurrimos a Goicovic:
El término deserción –tomado del lenguaje militar y que denota el acto voluntario de dejar un determinado lugar o institución– no sería adecuado, pues lo que se trata de describir son actos de retiro escolar transitorios o prolongados en el tiempo, provocados por situaciones que se desencadenan mayoritariamente en el interior del sistema escolar, aunque sus causas son variadas y combinan factores de tipo social, familiar, escolar, individual, y otros.
Así, lo que se hace cuando se repite el concepto “tasas de deserción” es ser partícipes del engaño que ha favorecido al sistema educativo, en procesos que, como hemos dicho, expulsa a los estudiantes al abandonar su deber de impartir educación preescolar, primaria y secundaria a todos los niveles.
Otro de los problemas que el sistema educativo enfrenta es la ausencia de calidad del sistema educativo en la visualización del todo y de la población toda. Muñoz Izquierdo y Ulloa lo explica de la siguiente forma:
Lo que existe actualmente son currículos diseñados de acuerdo con las características culturales y las necesidades sociales de los países dominantes, de los países desarrollados y […] por tanto, no son relevantes, menos significativos para los países dependientes que presentan distintas características culturales.
Esto es patente en las distintas reformas educativas que se han realizado al margen de los maestros, los que, en resistencia pasiva dentro de su aula, interfieren el proceso de cambio impuesto, aun cuando algunas de las propuestas pudieran ser beneficiosas.
Además, y siguiendo a Muñoz Izquierdo, muchos de los expertos que elaboran los currículos en los países latinoamericanos provienen por lo general de clases sociales diferentes a las de la población mayoritaria, siendo en muchas ocasiones profesionistas con una formación en el extranjero que los ha alejado de las necesidades de los sectores populares de la población, aun de la realidad nacional.
Así, lo que hoy se hace desde las políticas educativas ha sido escindir la cohesión social y fragmentar a la población a través del otorgamiento de bienes educativos parciales —becas para algunos grupos privilegiados—, con el detrimento de los grupos mayoritarios.
Se hace imperativo, por tanto, la presencia de un esquema de equidad en el sistema educativo, en al menos los siguientes rubros: a) En el monto del recurso que la Federación asigna a la educación; b) En el modo como son distribuidos los referidos recursos, de acuerdo a las condiciones geográficas, sociales, culturales y económicas de cada sector o clase de la sociedad mexicana; y c) En las políticas y estrategias que permitan que la educación —del nivel básico, medio superior y superior— contribuya a reducir las desigualdades sociales (por lo que las políticas y estrategias para la permanencia son fundamentales). Y siguiendo este razonamiento Molina identifica los siguientes aspectos de equidad, a través de:
- Igualdad de servicios básicos ofrecidos y de oportunidades de acceso a recursos educativos;
- Igualdad de condiciones educativas para los funcionamientos y capacidades esperables para el área, correspondientes a los distintos grupos y actores sociales (por ejemplo, condiciones salariales que permitan a los docentes adquirir medios de actualización y capacitación permanentes; una calidad igual de prestaciones tal que todos puedan aprender, investigar, innovar, argumentar);
- Igualdad en trato y posibilidades de participación en los ámbitos institucionales socialmente valiosos (por ejemplo: la existencia de procedimientos que garanticen la imparcialidad e igualdad de criterios para la evaluación anual docente, o la transparencia en la promoción y control de gestión de quienes conduzcan los proyectos escolares, como lugar accesible a todos);
- Igualdad en la contribución, en tanto es necesario contrarrestar con mecanismos de distribución desigual de recursos las particularidades y los casos de sectores de población situados en condiciones desfavorables por circunstancias personales especiales o sociales, económicas o culturales restrictivas o en conflicto.
Diletantismo educativo del sistema
En el panorama de las cifras mencionadas, así como de términos y conceptos en boga, en este creciente río revuelto, las autoridades pescan triunfos aislados para transferir los fracasos a la sociedad, realizando un diletantismo educativo. Si se dice que México está en el último lugar en materia educativa, la población asume el fracaso como propio; a los maestros se les culpa, por supuesto, y la administración y el sistema educativo mismo quedan fuera de la evaluación (fuera por lo tanto de la calificación reprobatoria). Pero también ocurre lo contrario, a saber, que las administraciones sexenales se apropien de los éxitos de pequeños grupos, aun de individuos que, rompiendo todas las barreras del sistema, hayan alcanzado alguna específica meta. Entonces la administración en turno lo reconoce para colgarse la medalla y salir avante, otra vez, evitando la evaluación.
Es en este contexto que las autoridades presentan los resultados negativos de la educación como parte de un problema originado por los estudiantes, por sus familias, o por lo que el sistema llama la incapacidad de los maestros.
Efectos del abandono social del Estado
La CEPAL, preocupada por esta situación existente, ha realizado un importante estudio sobre deserción-expulsión escolar y desigualdades socioeconómicas, donde se presentan los negativos resultados de la baja inversión del Estado en la educación, ausencias de infraestructura para el desarrollo de la población, niños y adolescentes. Porque una vez que los niños y/o adolescentes y jóvenes son expulsados del sistema educativo, lo que ha sido generado es:
Abandono social y familiar; pobre información de métodos de contracepción y de protección; actividad sexual a muy temprana edad; abortos; problemas de salud relacionados y alta mortalidad; embarazos tempranos; riesgos y problemas de salud por embarazos tempranos; altos índices de mortalidad y morbilidad materno-infantil; altos costos en atención médica de problemas agravados; abandono de recién nacidos; madres solteras; maltrato de las mujeres y de los infantes; violencia sexual para ambos sexos; abuso sexual: incesto; discriminación de género;
pobre autoestima de las adolescentes; trabajo de menores; explotación sexual y tráfico sexual de menores de ambos sexos; pobres oportunidades de empleo y más bajos salarios; ausentismo laboral y baja productividad; escasas posibilidades de creación de fuentes de trabajo; marginación del sistema económico y social; proclividad al uso de drogas; depresiones recurrentes y cada vez más profundas;
escasa posibilidad de construir relaciones emocionales estables; alta criminalidad y pobre orden social; agresividad social, familiar y personal; ausencia de oportunidades de participación y de expresión; ausencia de tolerancia social y política; exclusión social, económica y política; asociación por parte del estado, de la juventud como “origen” de inestabilidad social; libertad de elección acotada; reducida libertad de movimiento; ausencia de los mecanismos para salir de la pobreza.
Y todo empezó con la expulsión
del sistema educativo...
Al final, lo que queda es el aumento de la delincuencia y un ambiente de inseguridad creciente, no por la participación de los jóvenes sino precisamente por su exclusión. Exclusión que llega incluso a marginación de la libertad. Y en este punto valdría la pena preguntarse: si la libertad es un valor que el sistema económico actual privilegia sobre la equidad y es el que ofrece como “su aporte” fundamental, ¿qué sucede cuando cada vez más personas han sido privadas precisamente de esa libertad, por los efectos de este sistema económico respecto a la equidad?
Y la CEPAL, preocupada y ocupada por ofrecer la información que permita un cambio para mejorar la equidad y la calidad de la educación, en un excelente trabajo indica:
Uno de los principales desafíos para avanzar decididamente hacia el logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y el cumplimiento de las Metas al año 2015, es evitar que los niños abandonen la escuela antes del término del ciclo básico y disminuir significativamente la deserción en el ciclo medio. En efecto, una proporción muy elevada de los niños, niñas y adolescentes abandonan tempranamente el sistema escolar, sin alcanzar los niveles mínimos de conocimientos y destrezas requeridos para integrarse a la sociedad, incumpliéndose respecto de ellos los derechos a la educación básica consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes.
Por todo lo dicho en los párrafos anteriores, la calidad-equidad de la educación debe ser medible con relación a las necesidades del individuo y de la comunidad para su desarrollo integral. Y mientras las condiciones de vida individuales y sociales no mejoren como resultado del trabajo del sistema educativo, habrá que poner en tela de juicio la calidad y la equidad de las políticas educativas actuales.
A manera de conclusión
Las últimas cinco administraciones sexenales tienen a México más cerca de la ignorancia que del desarrollo; más cerca de la indigencia que del crecimiento; más
cerca de la manipulación que de la libertad y de la democracia. Porque para construir democracia y libertad hace falta que el ciudadano esté enterado, analice, evalúe y opine. Y todo esto no se logra cuando los votantes difícilmente saben leer, cuando las instituciones de educación no han creado las vías para que todos los ciudadanos —no sólo grupos privilegiados— puedan expresarse más allá de las urnas.
Entonces el reto de la Secretaría de Educación se extiende y profundiza. El reto de la presente y la siguiente administración sexenal es combatir la ignorancia y ofrecerle a los mexicanos no pequeñas islas de beneficios —como becas a manera de lotería gubernamental—, sino una plataforma social amplia y sólida. A menos que eso no sea de su interés para apuntalar su interés, es decir, a menos que se trate precisamente de no dar el poder de la educación a la población.
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